La reciente declaración de emergencia habitacional en San Martín de los Andes ha puesto en evidencia una problemática que lleva años gestándose y que hoy afecta tanto a residentes como al desarrollo turístico de la ciudad.
Al Estado se le recrimina todo pero también se le invoca en momentos críticos. El Concejo Deliberante reconoció oficialmente la crisis, motivada en gran parte por el crecimiento desmedido de alojamientos turísticos informales, que desvían viviendas del uso residencial y generan una cadena de impactos negativos en la comunidad local.
Uno de los efectos más visibles de esta situación es el aumento sostenido en el valor de los alquileres y la escasez de viviendas disponibles para residencia permanente. Más del 20% de las familias de San Martín de los Andes vive en casas alquiladas, prestadas o compartidas, y más de 3.600 familias están inscriptas en el registro para acceder a una vivienda social, lo que refleja la magnitud de la crisis habitacional en una ciudad que ha duplicado su población en las últimas dos décadas. La presión del mercado turístico sobre las propiedades ha expulsado a muchos residentes permanentes y ha generado casos extremos, como familias viviendo en vehículos ante la imposibilidad de encontrar un alquiler accesible.
El sector turístico, motor económico de la ciudad, también se ve afectado por esta emergencia. La proliferación de alojamientos informales no solo compite de manera desleal con los hoteles y cabañas habilitados, que cumplen con normativas y generan empleo formal, sino que también pone en riesgo la calidad y la seguridad del destino para los visitantes. La Asociación Hotelera y Gastronómica local ha manifestado su preocupación y reclama una aplicación más estricta de la normativa vigente para ordenar el mercado y garantizar un desarrollo turístico sostenible.
La crisis habitacional impacta directamente en la vida cotidiana de los trabajadores locales, incluidos aquellos que llegan a la ciudad para cubrir puestos clave, como en el nuevo hospital. Muchos no logran acceder a viviendas dignas debido a los altos precios, la escasez de oferta y las restricciones impuestas por los propietarios, como la no aceptación de niños o mascotas y la exigencia de pagos en dólares. Esta situación genera un clima de inestabilidad social y dificulta la radicación de profesionales y familias jóvenes, lo que a largo plazo puede afectar la prestación de servicios esenciales y la calidad de la experiencia turística.Frente a este escenario, distintos sectores de la sociedad sanmartinense reclaman soluciones urgentes y estructurales. Se demanda una regulación efectiva del mercado de alquileres, la recuperación de viviendas sociales mal utilizadas y un trabajo conjunto entre municipio, sector privado y comunidad para garantizar el acceso a la vivienda y preservar la identidad local. Solo así San Martín de los Andes podrá seguir siendo un destino atractivo tanto para quienes la visitan como para quienes la eligen para vivir.
La posición de la AHGSMA sobre el tema
La Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) manifiesta: “Hace años que advertimos que el crecimiento desmedido de alojamientos informales no solo afecta directamente a los establecimientos registrados —que cumplen con habilitaciones, empleos en blanco, normativas de seguridad y fiscales— sino que también está directamente vinculado a la crisis habitacional que hoy se reconoce oficialmente.
Cuando una vivienda deja de cumplir su función habitacional para convertirse en un negocio turístico sin regulación, se genera una cadena de impactos negativos: suba en el valor de los alquileres, expulsión de residentes permanentes y pérdida de identidad barrial. Esto no es nuevo. Lo venimos señalando desde hace tiempo, y hoy el diagnóstico finalmente toma carácter oficial. Desde la AHGSMA creemos que es hora de pasar de la declaración a la acción, y trabajar sector privado, municipio, sindicatos e inclusive vecinos, en conjunto, para ordenar este escenario de una vez por todas”.
En este sentido, solicitan que el Ejecutivo municipal actúe en función de la Ordenanza de Departamentos Turísticos actualmente vigente: “Es fundamental que se controle y multe a quienes no la cumplen, y que el Juez de Faltas, Dr. Sánchez Galarce, avance con las actas ya labradas y colabore con la aplicación efectiva de la normativa.
También ofrecen apoyo en campañas de concientización, así como la posibilidad de compartir un listado de alojamientos no habilitados, fruto del trabajo y seguimiento. Además, proponen abrir un canal de denuncias anónimas, para que todos los ciudadanos puedan sumarse y acompañar esta iniciativa sin exponerse.
“Si logramos avanzar con decisión en este proceso, todas las partes vamos a ver los beneficios: una ciudad más ordenada, con reglas claras, más accesible para quienes la habitan, más confiable para los turistas que nos eligen y más justa para quienes apostamos día a día al desarrollo formal, sostenible y profesional de San Martín de los Andes”.
Con información de Feghra
