La apertura del 7mo encuentro sobre compliance, anticorrupción e investigaciones organizado por Marval O’Farrell Mairal, contó con la presencia de especialistas, ejecutivos y funcionarios del gobierno y la Justicia debatieron políticas y estrategias de compliance en Argentina y el mundo. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para sancionar una nueva Ley de Decomiso anticipado de bienes provenientes de delitos.
Durante la jornada, los participantes intercambiaron opiniones sobre el estado actual de la lucha contra la corrupción a nivel corporativo y las estrategias de colaboración con las autoridades públicas. En ese sentido, el chairman de Marval, Santiago Carregal, apuntó:
“El cambio de gobierno trajo nuevos objetivos y prioridades y tenemos que repensar las políticas de transparencia en el nuevo contexto. No podemos aspirar a insertarnos de nuevo en el mundo sin mejorar nuestros indicadores en esta materia. Esto requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el público, porque si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos trabajar para un futuro mejor”.
En el panel Compliance y lavado de dinero, el titular de la Unidad de Información Financiera de Argentina, Ignacio Yacobucci, planteó: “En Argentina tenemos el concepto de que más regulación es más control y eso es una fórmula que no cierra. Si no genera más resultados, es una regulación inutil que no ayuda. La mirada del GAFI es que sobrerregular es negativo. Por lo que tenemos que aplicar un enfoque basado en riesgo, hacerlo realidad y trabajar en conjunto con los sujetos obligados. El desafío es regular con efectividad y quitar la maraña sobre el sector privado”.
Para Agustín Flah, Head Anti-Money Laundering, Compliance, Fraud and Operative Risk Management, en ICBC Argentina, “Entrar en la lista gris de GAFI no es el fin del mundo, pero tiene impacto en el sector privado”. Al respecto Yacobucci señaló: “Argentina ha sido siempre reactiva ante cada evaluación de GAFI, aprobamos la ley con los días contados y ahora estamos esperando la última evaluación. No nos sobra nada, pero soy optimista: a nivel regional no somos la oveja negra y tenemos resultados para mostrar” y agregó: “Estamos haciendo el trabajo a conciencia para que el escenario de octubre sea positivo, porque sabemos que el impacto de ingresar a la lista gris puede ser grave”.
En tanto, Delfina de las Carreras, Head Anti-Money Laundering Regulatory en Mercado Libre, planteó: “Pasamos de un cumplimiento formal de las normas a aplicar un enfoque basado en riesgos, con el uso de la tecnología para entender dónde están los riesgos y crear modelos de prevención” y destacó el trabajo en conjunto con el sector público:
“Estamos bien encaminados y creemos haber aportado nuestro granito de arena en la evaluación del GAFI”, dijo. Al cierre del segmento, la directora de Compliance de BITSO, María Celeste Plee, opinó: “Los argentinos se apoyan mucho en las criptomonedas para.dolarizarse y escapar de la inflación. El GAFI vio la importancia del sector y nos sentó en la mesa para evaluar los riesgos de lavado”. Y destacó: “Hoy tenemos la figura legal de activo virtual que no teníamos y obligaciones como agentes proveedores de servicios de activos virtuales, que requieren un registro en la Comisión Nacional de Valores y el impacto de todo esto ha sido positivo”.
“Necesitamos que la normativa sirva para mejorar el sistema no solo la sanción por la sanción misma”, concluyó el socio de Marval, Andrés O’Farrell. En ese sentido, se corresponde el anuncio del ministro Cúneo Libarona: “Vamos a presentar una nueva ley de decomiso anticipado en el Congreso para evitar que los delincuentes obtengan beneficios del delito, una ley de ficha limpia y estamos luchando contra los juicios falsos y estafas procesales para obtener beneficios del estado de forma irregular”, entre otras iniciativas.
Más tarde, en el segmento Potenciando Compliance con IA, Gustavo Giay, socio especializado en Propiedad Intelectual y Tecnología de Marval dijo: “Estamos ante una transformación tecnológica gigantesca que genera oportunidades para incorporar herramientas positivas, pero también riesgos. Pero en el área de compliance aún tenemos más preguntas que respuestas”.
En tanto la Titular de Inteligencia Artificial del Tribunal Fiscal de la Nación, David Mielnik, planteó: “Estamos en un momento histórico para que esta tecnología pueda ser incorporada en cuestiones legales con desarrollo propio y a bajo costo. Los tribunales nos están pidiendo estás herramientas y nuestra respuesta es que lo podemos hacer. Queremos una inteligencia artificial para que sobre la base de la experiencia de datos pasados pueda detectar casos de incumplimiento, pero el gran problema que tenemos hoy en día son las respuestas incorrectas por falta de información o las alucinaciones de la IA”.
Karen Kamelman, AI Subject Matter Expert en Globant, apuntó: “Ahora con la IA Generativa no solo podemos revisar contenido, si no también generarlo y el desarrollo tecnológico se acelera cada vez más. En temas de compliance podemos utilizarla para detección de riesgos, es decir, encontrar palabras en los contratos que nos puedan disparar alertas y prevenirnos. Estas herramientas nos van a ayudar a ser más eficientes y nos invitan a pensar la colaboración, porque funcionan mejor a partir de la interacción entre todos”.
Y en el panel Tendencias en compliance para América latina, la socia de Marval, Lorena Schiariti planteó: “La nueva administración en Argentina avanzó en la desregulación, lo que en sí mismo favorece la lucha contra la corrupción, pero aún estamos ansiosos por conocer las medidas específicas sobre la materia”. En tanto, la Head of White-Collar Crime and Defensive Investigation Area del estudio Demarest en Brasil, Fabyola En Rodrigues, dijo: “En Brasil tenemos amplio monitoreo de las operaciones sospechosas y se miran las criptomonedas, que hacen uno de cada cinco ciudadanos. Tenemos leyes, una penalidad más severa, pero no hay educación sobre estos temas de parte de las autoridades”.
El abogado del Estudio Carey de Chile, Guillermo Acuña, destacó: “La Ley de delitos económicos que se dictó el año pasado en Chile llegó por la impresión que tenía la sociedad de que esos crímenes no tenían sanción acorde y la respuesta política fue drástica”. Y sobre Argentina, Cristian Francos, socio de Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, advirtió: “Argentina tiene un mercado de dólares formal e informal que opera incluso en Estados Unidos. Y cuando en ese país se detecta algún tipo de operación con dinero que entra allí, se empieza a monitorear para detectar si ese dinero fue obtenido de forma ilegal y los fiscales tienen enorme poder y la posibilidad de sumar penas, lo que aumenta la exposición en gran medida. Pero muchas veces aquí no se conocen demasiado los riesgos de abrir cuentas offshore y las consecuencias pueden ser muy graves, porque el Gobierno de Estados Unidos tiene una enorme maquinaria para hacer cumplir la ley. Esto aplica también para criptomonedas.que operen allí”.
Luego habló la directora de Promoción del Derecho a la Privacidad de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Anastasia Dozo, quién detalló las iniciativas de la Agencia en materia de protección de datos y apertura de la información.
Por la tarde, compartieron panel: Diego Luciani, fiscal federal general; Ileana Schygiel, coordinadora del Área de delitos contra la Administración Pública (PROCELAC); el fiscal José Miguel Ipohorski Lenkiewicz y Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción.
“La corrupción es uno de los grandes atentados contra la democracia. Durante muchos años y sobre todo durante el gobierno anterior no hubo una política anticorrupción, se ha ocultado la corrupción y hoy los controles en el Estado son un desastre. El sistema está hecho para el abuso y por eso no han avanzado las causas penales contra las personas jurídicas”, dijo Luciani. “Debe haber un acercamiento del sector público con el privado para avanzar en la resolución de los casos de corrupción”, planteó. Y pidió que la Justicia “actúe con celeridad, con sentencias ejemplares que se cumplan y que queden firmes, que el corrupto vaya preso y se recuperen los bienes robados al estado”.
“Este cambio de paradigma, de cultura, es el paso más importante que nos falta dar en nuestro país para que las empresas cooperen con las fiscalías”, apuntó Schygiel. Ipohorski, en ese sentido, destacó: “Hoy hay legislación vigente que da sustento legal a las investigaciones preliminares internas en las entidades privadas. Son insumos muy importantes avalados por la ley”.
Melik, en tanto destacó que “La ley menciona la necesidad de respetar el derecho de defensa de los investigados y eso se deben tener en cuenta al momento de hacer la pesquisa”. Para Luciani, “El nuevo código procesal penal puede acelerar las causas. Pero debemos tener cuidado con los recursos que administran las fiscalías, que son escasos para las causas que llevamos y vamos a enfrentar.” Melik coincidió: “El Estado debe hacer más de lo que hace para poder posicionar al país en un lugar distinto del que está ahora”.
Sobre el cierre, María Lorena Schiariti, socia de Compliance, Anti-Corruption and Investigations de Marval; Karina Kucyk, Compliance Officer en Mercado Abierto Electrónico SA; Pablo Gibaut, Legal Affairs and Compliance Manager de Compañia Mega SA y Gustavo Regner, compliance & Ethics Director LATAM en Bristol Mayer Squibb compartieron experiencias de políticas de compliance en las distintas industrias que representan.
Gibaut destacó la importancia de la capacitación de calidad en programas de integridad para que se cumplan los códigos de ética y transparencia, y hacer foco en controlar los riesgos identificados de corrupción. Regner comentó que Bristol Mayer Squibb incorporó la primera humana digital para capacitar y dialogar, a través de un chat GPT interno, que genera información en tiempo real. Por último, Kucyk sumó la experiencia de Mercado Abierto Electrónico con su plataforma interactiva de compliance, para ayudar en el cumplimiento normativo.
